Colaboración público-privada: cómo, cuándo y por qué

¿Qué implica la colaboración público-privada? ¿Bajo qué condiciones es preferible a la concesión pública tradicional o a una privatización total? Y, ¿cómo convencer a los más críticos?

Todas estas cuestiones se debatieron en la I Jornada de Gestión Pública, realizada ayer en el IESE y organizada por el Centro Especializado en Partenariados Público-Privado en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (PPPs for Cities) en colaboración con la Diputación de Barcelona.

Los Partenariados Público-Privados (PPP) son una forma de colaboración que lleva más de diez años aplicándose en las administraciones públicas, y los motivos para utilizarla van desde disminuir los costes para ser más eficientes, la imposibilidad técnica o económica de prestar estos servicios internamente, aprovechar la expertise del sector privado o la necesidad de financiación privada.

Para Joaquim Triadú, vicepresidente del Centro Sector Público-Sector Privado (PPSRC-IESE) y profesor asociado de Economía del IESE, antes de lanzar una PPP es fundamental “asegurarse de que se adecua a nuestro objetivo, y comprobar que no se puedan encontrar otras fórmulas como, por ejemplo, el sistema de diálogo competitivo”.

Planificación, flexibilidad y gobernanza

Triadú destaca la necesidad de planificación antes de lanzar cualquier PPP. “A veces desde la Administración puede existir la percepción de que el trabajo termina una vez realizada la concesión. Pero el verdadero trabajo comienza el día después. En España falta una cultura de gobernanza, que establezca los mecanismos de control adecuados para asegurar la buena marcha del acuerdo”.

Fernando Cacho, Socio de Broseta Abogados, coincide con Triadú en la importancia de la planificación previa. Según Cacho, “todo contrato debe salir a licitación con un equilibrio económico, que aúne el beneficio del concesionario con el interés general”.

La flexibilidad es clave: “En otros países europeos, desde el primer momento de desarrollo del contrato ambas partes analizan el modelo de pliego a publicar para darle mayor seguridad jurídica”, reclama Cacho.

Para Rafael Pérez Feito, Director de Operaciones Internacionales de FCC-AQUALIA, que presentó el caso del abastecimiento de agua de la región de Caltanissetta, Italia, las PPP ”deben de ser flexibles para ser sostenibles, al ser un contrato de largo plazo, y con muchas variables exógenas imprevisibles a lo largo de su puesta en marcha”.

¿Cuándo es necesaria una concesión?

Para Francesc Trillas, Research Fellow del PPSRC-IESE, todo radica en la eficiencia. “Hay que hacerla cuando se prevé que puede salir bien y que el operador privado vaya a ser más eficiente que el operador público. No se trata tanto de una cuestión financiera, como que el proyecto y la colaboración público-privada tengan sentido y ofrezcan unas ventajas que la provisión publica tradicional no permite”. Para ello, “la clave es encontrar un operador lo más eficiente posible y un entorno regulatorio y contractual que permitan un desarrollo correcto y socialmente aceptado de la concesión”.

Las colaboraciones público-privadas, a diferencia de la privatización tradicional, están relacionadas con proyectos acotados en el espacio y el tiempo y, por tanto, más concretos y aislados. En ellas, el gobierno es una de las partes contratantes, y no desaparece. En la privatización tradicional, en cambio, el Estado queda como observador, sin una implicación directa en lo que se privatiza.

Convencer a los críticos

Para Mario Aymerich, Asesor del Director General de proyectos del Banco Europeo de Inversiones, es necesario analizar los posibles errores que pueden hacer fracasar una concesión. “Hemos visto grandes fracasos debido a la mala gobernanza, o la excesiva flexibilidad en la gestión de los proyectos”.

En este sentido, es fundamental buscar sinergias entre el sector público y el privado: “Se trata de aprender de los errores, definiendo proyectos que sean viables, y aprovechando las virtudes de la empresa privada y de la administración, para minimizar sus defectos”, asegura Aymerich.

Esta dinámica de colaboración hace años que se está dando en Europa, pero aún no ha arraigado en nuestro país. Es un modelo complejo en que, además de las obligaciones legales, es necesario generar confianza por ambas partes, ya que sector público y privado deben compartir los posibles riesgos económicos del proyecto.

“La decisión de externalizar un servicio depende de muchos factores, por lo que debe analizarse caso a caso”, asegura Triadú. Sin embargo, el profesor recuerda que existen “servicios básicos fundamentales, como aquellos vinculados al agua o la gestión de residuos, que en todo caso deben tener una tutela de la administración, aunque ello pueda suponer más presión para las arcas públicas”.