IESE Insight
Cómo vivir en una economía endeudada
Las políticas gubernamentales se han dirigido a afrontar la pandemia y la crisis económica de forma simultánea. En el corto plazo, eso se ha traducido en un endeudamiento al que por ahora los mercados no prestarán mucha atención. Pero a medio y largo plazo es necesario tomar medidas que aseguren la estabilidad de las cuentas públicas.
Poco a poco hemos ido aprendiendo cómo opera una economía en una sociedad sacudida por la pandemia del SARS-CoV-2: gran caída de la demanda de consumo, inversión y exportaciones; confinamiento, con una reducción notable de la producción y el empleo; pérdida de ingresos de las familias; falta de liquidez de las empresas, porque sus pagos no se han reducido al mismo ritmo que sus ingresos; interrupciones en la cadena de suministro, enorme incertidumbre sobre cuándo y cómo llegará la recuperación... Todo esto sumado a incógnitas sanitarias sobre la duración de los contagios, los posibles rebrotes y la probabilidad de encontrar una vacuna eficaz.
Las políticas públicas
Los Gobiernos han diseñado sus políticas para combatir a la vez la pandemia y la depresión económica a partir de dos estrategias alternativas: mitigación y supresión. La primera se basa en el rastreo de los infectados y cuarentenas selectivas; lo que se llama test, track and treat (pruebas, seguimiento y tratamiento). Exige unos medios médicos que no todos los países tenían cuando se planteó la batalla contra el virus y tiene la ventaja de que el frenazo de la actividad es más limitado, de modo que el impacto económico inmediato es menor. Es la estrategia que han seguido, con variantes, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur.
Los países que optaron por la supresión lo hicieron principalmente por falta de recursos, experiencia o tecnología médica. Se apoyaron en un confinamiento generalizado, con un impacto económico mucho más agudo y la esperanza de alcanzar pronto un grado de inmunidad social elevado que permitiese una recuperación rápida de la actividad económica sin demasiado riesgo para la salud. De hecho, la estrategia seguida por casi todos los países combina supresión con algo de mitigación.
En España, como en otros muchos países, los planes de contención se elaboraron tarde. Por ello, hubo que optar por una estrategia de supresión, con un confinamiento extenso y riguroso que acentuó el impacto económico. Por eso se afirma que esta es una crisis más de oferta que de demanda: afecta en primer lugar y principalmente la capacidad productiva del país antes que la demanda agregada. Si esta última se desploma es debido sobre todo a la paralización de muchas actividades productivas.
Aunque el cierre de la producción solo tuvo lugar en las dos últimas semanas de marzo, la reducción del PIB en el primer trimestre fue de un 5,2% respecto del último trimestre de 2019. Con el paso del tiempo, las expectativas para el conjunto del año 2020 se fueron haciendo más pesimistas, con una previsión de caída del PIB en el conjunto del año que puede ser superior al 14%. La reducción del empleo se moderó inicialmente, al no considerarse parados a los trabajadores sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Sin embargo, es probable que al final del año se sitúe por encima del 24% si se cuentan los ahora afectados por los ERTE.
La estrategia del Gobierno español para la recuperación se basaba en el supuesto implícito de que la fase aguda de la pandemia sería breve, de modo que la recuperación podría ser rápida. Lo que se necesitaba, pues, era un conjunto de medidas transitorias para reducir el impacto económico de la crisis. A eso habría que sumar unas acciones de impulso muy agresivas para recuperar la demanda y la producción cuanto antes. De ese modo en el segundo semestre de 2020 ya debería notarse la recuperación económica, contando con que no se produjesen grandes repuntes en los contagios.
Las medidas para reducir el impacto trataban de evitar el cierre de empresas y el despido definitivo de trabajadores; mantener la liquidez de las empresas y el poder de compra de las familias; reducir los impagos de deudas, y atender las necesidades inmediatas de los colectivos más vulnerables. Los instrumentos eran principalmente subsidios directos, créditos y avales, así como moratorias de pagos.
Si la fase aguda de la crisis económica era corta, la clave de la estrategia seguida radicaba en volcar los recursos necesarios para reducir el daño causado a las familias y a las empresas. La idea era evitar que la capacidad productiva se viese afectada de manera permanente, lo que provocaría la pérdida de capital físico, organizativo, tecnológico y humano. Ello requería que las administraciones públicas dispusiesen de gran capacidad de invertir los recursos necesarios; primero, para evitar que la caída fuese demasiado fuerte, y, segundo, para poder financiar la recuperación de la demanda y la reordenación de la capacidad productiva.