Licitación electrónica: un instrumento para sanear las arcas públicas

La licitación electrónica permitirían a las Administraciones públicas españolas agilizar los trámites, reducir la burocracia y el consumo energético, y ahorrar hasta 2.500 millones de euros al año.

La persistente crisis económica hace que cada vez sean más las empresas que participan en los concursos de las Administraciones públicas. Por poner un ejemplo, el número de licitadores registrados ante la Generalitat de Catalunya han aumentado un 68% en los últimos tres años.

Para hacer frente a esta creciente demanda con eficacia, calidad y efectividad, los autores del documento "La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro" proponen la generalización de las tecnologías de la información (TIC) en las operaciones de contratación pública.

2.500 millones menos

Según este estudio, procesos de modernización administrativa como la licitación electrónica permitirían a las Administraciones públicas agilizar los trámites, reducir la burocracia y el consumo energético, y ahorrar hasta 2.500 millones de euros al año.

Este tipo de concursos simplifica los procesos de oferta, evaluación y adjudicación entre Administraciones públicas y empresas privadas. Y todo ello sin papeles y de forma más rápida, transparente y segura.

Su uso podría reducir hasta un 20% los costes de contratación y ayudaría a alcanzar más fácilmente el compromiso del 2,1% de déficit en las cuentas públicas de 2014.

Se calcula que sustituir el tradicional sistema de licitación en papel por el electrónico supondría un ahorro de cerca de 1.500 millones de euros anuales. Además, si todas las Administraciones compartieran las mismas aplicaciones informáticas instaladas en la nube, se podrían ahorrar 1.000 millones de euros más.

Esto se traduciría en una reducción del gasto de unos 620 millones de euros anuales para la Administración General del Estado, 1.400 millones para los gobiernos autonómicos y algo más de 460 millones para las entidades locales.

El volumen de ahorro no resulta sorprendente si se tiene en cuenta las compras de las Administraciones públicas suponen el 15% del PIB español.

Los fundamentos del ahorro

Según los autores, esta reducción del gasto se sustentaría fundamentalmente en tres puntos:

1. Cambio de modelo basado en la "tecnología como servicio". Los autores proponen que las diversas Administraciones públicas compartan aplicaciones y que el software funcione en servidores externos gracias a la computación en la nube o cloud computing, que permite ofrecer servicios como la licitación electrónica en servidores externos. Así no se tendrían que adquirir o alquilar potentes equipos y licencias.

Este sistema supondría un ahorro añadido en espacio y costes de instalación y mantenimiento de infraestructura, que podría ser externalizada.

2. Mayor competencia y más oportunidades de negocio. Para las Administraciones, la licitación electrónica supone el acceso a una mayor red de proveedores, lo que genera más competencia y, por tanto, precios más ajustados. Para los licitadores supone el acceso a más oportunidades de negocio con las Administraciones Pública.

En un momento en el que nueve de cada diez licitadores son precisamente autónomos o pymes, este tipo de sistemas podría servir para dinamizar la actividad empresarial.

Además, al no estar ligada a un tipo de dispositivo o un programa concreto, la licitación electrónica proporciona una mayor flexibilidad a los usuarios, que pueden acceder a la plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Por otra parte, se potencia la libre competencia al facilitar a las empresas proveedoras el acceso a los concursos en igualdad de condiciones.

3. Reducción de costes y tareas administrativas. El formato electrónico permite eliminar el espacio de almacenamiento de las ofertas e importantes ahorros en gastos corrientes como papel, envíos, teléfono, fax, etc.

La realidad actual

Pese a las múltiples ventajas de este sistema de licitación, su utilización en España todavía es testimonial, ya que menos del 1% de los ayuntamientos lo emplea.

En cambio, otros países de la Unión Europea, como Inglaterra o Portugal (donde la contratación electrónica es obligatoria por ley en todos los municipios desde el año 2009), ya han comprobado el importante ahorro que supone la licitación electrónica.

Por ejemplo, un estudio entre las ofertas para obras públicas contratadas por 50 hospitales públicos portugueses en 2009 (mediante sistemas basados en soporte de papel) y 2010 (utilizando licitación electrónica) concluye que en el segundo caso se obtuvo una reducción de costes del 18%. La causa: el incremento de la competencia por la implantación de la licitación electrónica.

En España, la Universidad de Almería y la empresa de promoción pública de la Junta de Extremadura (GPEX) han experimentado ahorros superiores al 30% en la contratación de bienes y servicios mediante sistemas de licitación electrónica.

Todo indica que este sistema de contratación pública puede contribuir al saneamiento de las arcas públicas y facilitar el aumento de la concurrencia a los concursos, abriendo nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, razones más que suficientes para impulsar su implantación en la Administración pública.