Hacia una empresa sin corrupción

Cuando hablamos de corrupción solemos pensar en asuntos relacionados con el sector público. Olvidamos que si ésta se da es porque una segunda parte, normalmente privada, participa o consiente con ella.

La palabra corrupto suena a exabrupto, una práctica extrema con la que ninguna empresa se identifica. Sin embargo, la corrupción está mucho más cerca de lo que pensamos. La corrupción empresarial es una deslealtad en la toma de decisiones de un empleado o un directivo de una empresa cuando los intereses particulares se anteponen a los intereses de la compañía. Se trata de un grave problema para cualquier empresa porque, más allá de sus implicaciones morales y éticas, pone en peligro la estabilidad y el desarrollo futuro de la propia empresa, y compromete el equilibrio de la economía mundial.

Pero ¿pueden hacer algo las empresas contra la corrupción? El documento "La lucha contra la corrupción: una perspectiva empresarial" de la Cátedra "la Caixa" de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo apunta que el sector privado forma parte del problema y, por tanto, tiene también la obligación moral de compartir responsabilidades y unir esfuerzos para combatir la corrupción.

Consejos para luchar contra la corrupción

En opinión de Antonio Argandoña y Ricardo Morel, la empresa necesita establecer una cultura corporativa ética e implementar una sólida estrategia anticorrupción. En este sentido, la organización de la sociedad civil más importante en la lucha contra la corrupción a escala mundial, Transparencia Internacional, establece los siguientes principios básicos para las empresas:

• Conducir la actividad comercial de forma justa, honesta y transparente
• No pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o indirectamente, para conseguir ventajas comerciales
• No aceptar sobornos, ni directa ni indirectamente, para conceder ventajas comerciales
• Desarrollar un programa para implementar y respaldar estos principios

Existen otras iniciativas que también han sentado bases para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas cuyo objetivo es comprometer voluntariamente a las empresas a ser socialmente responsables en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales, así como a luchar contra la corrupción. Por su parte, la institución independiente Iniciativa de Reporte Global (GRI, en sus siglas en inglés), propone una serie de directrices e indicadores para la elaboración de memorias de sostenibilidad para que las empresas puedan evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Por último, el Foro Internacional de Líderes Empresariales (IBLF, en sus siglas en inglés), organización internacional sin fines de lucro, señala que, a la hora de definir la estrategia anticorrupción, se deben contemplar tres tipos de acción: interna, externa y colectiva.

En primer lugar, la acción interna, que consiste en introducir políticas y programas anticorrupción en el seno de la propia empresa y de las operaciones de negocios, así como en evaluar los riesgos que puede conllevar la corrupción. Entre las actuaciones en el ámbito interno destacan:

1. Adoptar un código ético de empresa. Una vez manifestado su compromiso de respetar la legalidad, es importante que cada empresa adopte sus propios principios empresariales y códigos éticos, de acuerdo con los valores de la organización y una serie de criterios para prevenir actos ilícitos, criterios establecidos con anterioridad y debidamente difundidos entre el personal.
2. Definición de responsabilidades. El personal, y muy especialmente los altos directivos, debe conocer bien sus obligaciones en la gestión y aplicación de la estrategia anticorrupción. A este tenor, es importante para la empresa que todos sus empleados cuenten con la formación ética necesaria.
3. Considerar las situaciones específicas. Existen determinadas situaciones sobre las que conviene ser particularmente escrupuloso, tales como las donaciones a instituciones caritativas, culturales, benéficas, etc., la financiación de campañas políticas, o los "pagos de facilitación" para agilizar un proceso u operación.
4. Transparencia. Todas las operaciones de la empresa que supongan cobros y pagos deben recogerse puntualmente en la contabilidad o en los registros previstos.
5. Supervisión y control. Para combatir la corrupción, es preciso implementar mecanismos internos de informes y monitoreo. El éxito de estas prácticas depende en gran medida de establecer procedimientos de vigilancia, control y seguimiento de situaciones de corrupción dentro de la empresa.
6. Medidas disciplinarias y acciones de respuesta. La corrupción no debe quedar sin sanción. Fortaleciendo su estrategia anticorrupción, la empresa tiene ante sí la oportunidad de convertir un problema grave —la corrupción— en una oportunidad y una ventaja competitiva. Asimismo, debe quedar meridianamente claro el criterio en el que se basará la empresa para devolver pagos ilícitos y resarcir a los perjudicados por actuaciones corruptas.

En lo referente a la acción externa, el IBLF propone cuatro principios destinados a combatir la corrupción:

1. Ser responsable y transparente. Con objeto de minimizar los riesgos de incurrir en corruptelas, resulta fundamental que la empresa sea responsable y transparente en todas las transacciones y operaciones.
2. Comunicar los criterios. Los criterios anticorrupción no sólo deben ser conocidos dentro de la empresa, sino que es imprescindible que sean divulgados también entre los socios, clientes, proveedores, etc.
3. Mecanismos de denuncia. Las prácticas corruptas también pueden ser denunciadas a instituciones externas que regulan el sector, e incluso a las autoridades gubernativas y judiciales.
4. Supervisión y control. Como en la acción interna, el éxito de la acción externa pasa también por establecer procedimientos de vigilancia, control y seguimiento de situaciones de corrupción dentro de la empresa.

Por último, en cuanto a la acción colectiva se señalan dos actuaciones:

1. Tomar medidas empresariales colectivas. La voluntad de una empresa de erradicar la corrupción puede no ser suficiente, porque la empresa se encuentre en un contexto mucho más amplio donde abunden las corruptelas. En tal caso, la acción colectiva con otras empresas es la mejor solución.
2. Buscar la excelencia. Las empresas comprometidas en la lucha contra la corrupción deben ser perseverantes en su actitud de actuar siempre con arreglo a las normas legales y morales. A tal efecto, puede resultar muy beneficiosa la colaboración entre empresas, así como la cooperación de éstas con gobiernos, asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, etc.

En definitiva, los beneficios de institucionalizar una política anticorrupción son evidentes: facilita la creación de un clima de mayor confianza dentro de la organización, consolida la lealtad de los grupos de interés y dota a la compañía de una sólida reputación de empresa socialmente responsable, lo que sin duda se traduce en mejores resultados económicos, sociales, humanos y éticos.